México, 17 de agosto, 2009 (CEPET). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este día una recomendación dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, por hechos sucedidos el 7 de agosto de 2007, cuando cuatro periodistas que cubrían un operativo militar en Monclova, Coahuila (norte de México), fueron detenidos, incomunicados y víctimas de tratos degradantes por parte de 17 elementos del Ejército Mexicano.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, se enteraron por radio de la realización de un operativo militar y se dirigieron al cuartel, para hacer la cobertura. Más adelante desistieron, al ver que el convoy ingresaba a las instalaciones militares; sin embargo, cerca de ahí fueron interceptados por militares, quienes los obligaron a descender de los vehículos, los amagaron e interrogaron.
Los reporteros fueron retenidos desde ese momento pues carecían de credencial que acreditara su labor, aunque los automóviles en que viajaban y la ropa que portaban lucían los logotipos de sus respectivos medios informativos. Los comunicadores fueron subidos a una camioneta, donde les cubrieron los ojos, los golpearon, los colocaron boca abajo y los “pasearon” durante varias horas. A las 5:00 horas del día siguiente los interrogaron e imputaron posesión de enervantes, de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; les atribuyeron ser miembros de una célula del grupo criminal conocido como Los Zetas. Fue hasta alrededor de las 14:00 horas que los periodistas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, detalla la CNDH.
El caso fue consignado ante el juez de la causa que dictó auto de libertad a los agraviados, por no haberse justificado los ilícitos que les fueron atribuidos ni la probable responsabilidad en su comisión. Además de ello, el análisis de las evidencias permitió a la CNDH acreditar diversas contradicciones entre los hechos y el parte militar.
De manera consistente, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a que personal de la Comisión entrevistara a los elementos militares involucrados en los hechos, con lo que violó las disposiciones legales y entorpeció la indagación de presuntas violaciones a derechos humanos. Más aún, el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por abuso de autoridad, la cual su homólogo militar envió al archivo, declarando la extinción de la acción penal por la muerte del subteniente de Infantería que tenía el mando del operativo, pero impidiendo el ejercicio de la acción penal contra los otros 16 elementos que participaron en los hechos.
En su recomendación, la CNDH solicita al secretario de la defensa que se indemnice y se reparen los daños ocasionados a los agraviados dada la violación a sus derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personales, así como a la libertad de expresión.
CEPET - Libertad de Expresión 