México, 23 de febrero 2012.- La edición número 1840 del semanario Proceso no llegó a los lectores de Reynosa, Tamaulipas, al ser objeto de una compra masiva de todos los ejemplares en locales cerrados y puestos de periódicos de esa localidad.
El hecho, que puede ser interpretado como una forma de censura, fue dado a conocer el 11 de febrero en un cable de la agencia de noticias Apro, perteneciente a la misma empresa periodística, Comunicación e Información, SA de CV.
La portada de la edición número 1840 muestra una imagen de José Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del cártel del Golfo, con la cabeza: “Tamaulipas: Ejército y Marina cobijan a El Coss”, que corresponde a un reportaje firmado por el periodista Jorge Carrasco Araizaga.
“En el texto se aborda que presuntamente el Ejército y la Marina brindan protección al capo tras un pacto que le permite realizar sus actividades ilícitas sin ser molestado, a cambio de propiedades y dinero”, detalla el cable de la agencia Apro.
Indica que como ha sucedido en anteriores ocasiones en otras ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz, personas no identificadas adquirieron todos los ejemplares de la revista existentes en puestos cerrados y puestos de periódicos de Reynosa, ciudad ubicada al sureste de Texas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, señala el cable, entre 2007 y 2011 unos 53 mil ejemplares de Proceso han sido incautados, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de al menos los 11 estados mencionados.
Aunque en su cable del 11 de febrero la empresa periodística no califica la compra masiva de ejemplares como intento de censura, en iguales hechos anteriores si ha usado ese término.
“Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una nueva forma de censura: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno intenta deslindarse legalmente, sin tener en cuenta que viola derechos por omisión, y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada”, señaló el semanario político más destacado de México en su edición del 1 de octubre de 2011.
El 25 de septiembre de 2011 ocurrió en Veracruz la compra masiva todos los ejemplares de la edición de Proceso 1821, donde aparecía la foto de los 35 cuerpos arrojados al pie del Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre de 2011, cuya cabeza principal era: “Veracruz sangriento. Reacomodo del narco”.
En esa ocasión los ejemplares fueron adquiridos tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos por hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– que llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Los compraron todos, con efectivo, refiere el cable de Apro.
En cuanto a la compra masiva de la revista en Reynosa, un directivo de Proceso dijo al CEPET que el caso lo estaban investigando, por lo que no tenían más información qué agregar.
El CEPET lamenta los sucesos y se adhiere al criterio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que establece que las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, reafirma el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.
Por tanto, exhorta a las autoridades federales y del estado de Tamaulipas a que se realice una investigación a profundidad para que sean identificados los autores intelectuales de las compras masivas de los ejemplares de medios impresos de comunicación, con el fin de implantar medidas que garanticen a la sociedad el acceso a la información.
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